Primero fue el crecimiento económico de enero: Un incremento modesto, apenas 1.2% a tasa anual. Después fueron los indicadores de comercio al por menor y al por mayor del mismo mes, una tendencia que anuncia el debilitamiento tanto del mercado interno como de la producción.

Durante enero, la recaudación tributaria ya había dado una señal que lo descrito había llegado a las finanzas públicas: la captación de IVA retrocedió 12% en términos reales. La información de febrero confirma que el consumo sigue perdiendo fuerza: los ingresos por IVA cayeron (-) 2.9% en términos reales.

Al mismo tiempo, el segundo mes del año también presentó una contracción de (-) 4.2% en los ingresos petroleros en tanto que los no petroleros solamente aumentaron 1.3%. En resumen, en febrero los ingresos del sector público se elevaron marginalmente (0.4%).

La merma en la captación de ingresos ha prendido una señal de alerta en el gobierno federal, todos los programas sociales y estrategias de inversión del Presidente Andrés Manuel López Obrador dependen de contar con los recursos necesarios para su implementación.

El menor ritmo de crecimiento económico representa el reto a superar para la actual administración, algo que no será fácil de vencer.

La complicación fundamental surge del escenario con el que se programó el presupuesto del 2019: un crecimiento modesto de 2%. Se reconoce que era algo realista: la herencia que se recibió de la anterior administración fue un sistema productivo inmerso en una clara desaceleración. El problema es que ello dejó un escaso margen ante la potencial contingencia de que el freno económico fuera mayor al estimado oficialmente. Dicha posibilidad se ha presentado.

La mala noticia para la actividad económica nacional es que lo anterior ocurrió al mismo tiempo que se redujo el gasto público: a la herencia de la desaceleración se debe agregar una contracción de (-) 7.7% en el gasto real del sector público (durante febrero el retroceso fue -16.2%).

Además, ha ocurrido algo poco favorable para el desarrollo de infraestructura: para el segundo mes del año la inversión física del sector público bajó (-) 26.1%.

En conjunto lo citado presenta una radiografía que se adiciona a las tendencias de la actividad industrial y del mercado interno: una desaceleración económica que avanza.

Si bien lo anterior permite presentar un balance contable en donde el sector público ha logrado cumplir con la reducción de su déficit, la duda es si ello permitirá que México pueda crecer vigorosamente durante el segundo trimestre del 2019.

Pronto conoceremos la respuesta, en estos momentos lo único claro es que las restricciones para el crecimiento económico se elevan y tienen una incidencia poco favorable sobre la inversión y la creación de empleo formal bien remunerado.

Lo último no es positivo tanto para el gobierno como para sociedad mexicana porque puede formar parte de un círculo vicioso que no es deseable: un menor incremento del PIB comprometería los ingresos públicos, algo que incidiría negativamente sobre el gasto social y la inversión pública.

En su conjunto todo ello afectaría a una sociedad que ha vivido un periodo de precarización que abarca 40 años y del cual debemos salir.