Casi uno de cada dos egresados del nivel superior trabaja en un empleo que no requiere de ese nivel de preparación, es decir, está sobrecalificado, según indicó este jueves Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Es por esto que más de la mitad de las empresas enfrenta dificultades para encontrar capital humano, lo que refleja la falta de conexión entre los planes de estudios con las necesidades del mercado laboral.

Señaló que a la educación de nivel superior en México le falta calidad, financiamiento, cobertura, planeación y pertinencia, por lo que se requiere de una nueva Ley de Educación Superior.

“Tenemos que construir una buena gobernanza del sistema de educación superior; esto requiere que las instituciones tengan visiones claras, que las autoridades federales y estatales tengan responsabilidades bien definidas, que sean complementarias entre ellos. Estamos hablando de implementar una nueva Ley de Educación Superior que instaure un marco jurídico que aporte claridad y certidumbre”, dijo el secretario.

Al presentar el estudio ‘El Futuro de la Educación Superior en México: Calidad y Equidad’ ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), advirtió la necesidad de que México redoble esfuerzos en materia de educación superior, ya que el 77 por ciento de los mexicanos entre 25 y 34 años no tienen estudios de nivel superior, y en personas entre 34 y 64 años el porcentaje aumenta al 83 por ciento, comparado con el 63 por ciento promedio de los países miembros de la OCDE.

“Por eso esperamos que esos estudios que entregamos al secretario (de Educación) puedan ayudar a la nueva administración a enfrentar ese desafío”, dijo.

También advirtió la necesidad de fomentar la cohesión del sistema al convivir 13 subsistemas en el sistema de educación superior, “que no se hablan entre sí, muy fragmentados”.

En México no existe un procedimiento efectivo de transferencia de créditos; ni un identificador único para cada estudiante; no hay garantía en la calidad de la educación, ni pública ni privada, por lo que se requiere de un organismo enfocado en supervisar la calidad.

En su estudio, la OCDE concluyó que se debe hacer obligatorio que todas las instituciones de nivel superior tengan sus programas con reconocimiento de validez oficial y que haya transparencia en la asignación de financiación para las instituciones.

Si bien se ha avanzado en la cobertura para duplicar la matrícula comparado con 15 años atrás para llegar a 4.5 millones de estudiantes en el ciclo escolar 2017-2018, “el doble del año 2000”, el gasto promedio público y privado por estudiante en México es de apenas 9 mil dólares, comparado con 35 o 40 mil dólares en promedio en los países de la OCDE.

El secretario general del organismo internacional expuso que la inversión en educación es la vía más rentable para un país; las inversiones en el acceso a la educación superior se traducen en beneficios para las economías, para los países y para las sociedades.

“Incrementa la conciencia social, fortalece la participación democrática, aumenta la recaudación fiscal, reducen la criminalidad y elevan los niveles de innovación y productividad del país, eso entre otros beneficios”, señaló Ángel Gurría.

Frente al secretario de educación, Esteban Moctezuma, el economista se refirió al Presupuesto de Egresos de la Federación en el que en un principio se planteó un recorte a las universidades e instituciones de educación superior que después se reconsideró.

“La reconsideración a todos nos dio mucho gusto, pero implica que sea una constante (…). Hay siempre una tensión entre las necesidades y la parte que puede asignarle a las instituciones de educación superior para satisfacer las necesidades”, sostuvo.

Pese a la reconsideración, destacó que se trata de un recurso insuficiente, ya que en 2015 el gasto anual por alumno del nivel superior fue de aproximadamente nueve mil dólares, aproximadamente un tercio de lo que se destina a cada estudiante en instituciones de educación superior públicas en Estados Unidos.